El Congreso de la Nación volverá la próxima semana
a tener movimiento cuando los diputados de los diferentes bloques comiencen con
las primeras reuniones de cara a los debates que vienen, en especial en lo que
se refiere a la Reforma Laboral.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya dejó su opinión en noviembre pasado al indicar
sobre esta iniciativa que Argentina “necesita una modernización laboral para
los millones de argentinos que están trabajando en negro, sin aportes, sin
cobertura social”.
Sin embargo, el mandatario provincial pidió
actuar “con buena fe para hacer una reforma laboral en serio”, aduciendo que es
la forma de que exista una mesa de diálogo que incluya a los sindicatos, a los
empresarios y a representantes de la política.
Una negociación que no será fácil
Los diputados que responden a Llaryora en el
Congreso integran el bloque Provincias Unidas, que buscará mostrar una
estrategia más unificada. Aquí conviven legisladores de diferentes espacios
políticos que responden a varios gobernadores que, en muchos casos, tienen
intereses que no coinciden.
En este esquema, dos de los cuatro gobernadores
parecen haber tomado una posición más confrontativa respecto de la Casa Rosada.
Uno es Llaryora y el otro el santafesino Maximiliano
Pullaro, quienes se muestran menos pacientes y así se lo hacen saber a sus
legisladores. Además, saben que los libertarios planean jugar fuerte en sus
distritos.
Ambos gobernadores ya mostraron su descontento
respecto de la discusión con la Nación por los fondos para las cajas
previsionales no transferidas y, aunque no se mostraron en contra de la Reforma
Laboral, ya dejaron trascender que la negociación no será fácil.
Qué mensaje llevarán los diputados cordobeses
Fuentes parlamentarias repitieron ante la
consulta de Up la palabra que ya dio el gobernador meses atrás: “Debe haber una
reforma laboral, pero no a costas de cualquier cosa. Tiene que servirles a
todos”.
Córdoba tiene hoy una postura que no piensa
modificar: no apoyar la desaparición de las mutuales ni de la cuota sindical.
Lo primero básicamente es porque atentaría
contra el sistema de salud público. Con la crisis económica y social de los
últimos años, la demanda en hospitales y centros de salud municipales ha
crecido en gran manera, con aumentos reportados de hasta un 37% en consultas,
según información de finales de 2025 y principios de 2026. Sí, se indica, que deben
ser reguladas o controladas.
“Sin una mutual a esa gente la termina
conteniendo el Estado, pero Córdoba no recibe fondos para eso ni para otras
cosas”, apuntaron desde el cordobesismo.
Lo segundo porque se entiende que existe una vinculación
entre el sindicato y el afiliado respecto al pago de la cuota sindical.
